El texto ya está en proceso de estudio tanto en la Asamblea Nacional como en el Senado, y se pretende que alimente el debate fuera de las fronteras galas. Como ha advertido la ministra francesa de Cultura, Françoise Nyssen: “Todas las democracias están afectadas, es un desafío mundial, grave y urgente, es nuestro modelo democrático lo que está en juego”. Y esta advertencia la realizó precisamente en una conferencia con expertos europeos sobre “Las democracias ante las manipulaciones de la información”.

“En Francia hemos decidido actuar, y hacerlo por la vía de la ley. Porque la ley protege“, señaló la ministra de Cultura. Nyssen también apostilló que apoyarán todo trabajo que se realice a nivel europeo, pero no pueden esperar y desean que Francia sea “una precursora”.

“La actualidad electoral reciente ha demostrado la existencia de campañas masivas de difusión de informaciones falsas destinadas a modificar el curso normal del proceso electoral por la intermediación de servicios de comunicación en línea”, señala la normativa, que considera las leyes existentes “insuficientes”.

Este proyecto de ley pretende imponer, tanto durante el periodo electoral como pre-electoral, unas obligaciones de transparencia a las redes sociales, para detectar campañas de desestabilización mediante fake news. Se proponen, asimismo, penas de hasta un año de cárcel y 75.000 euros de multa, con una decisión judicial rápida (máximo 48 horas).

Asimismo, el Consejo Superior de lo Audiovisual (CSA), organismo regulador de los medios audiovisuales franceses, gozará de más poderes para “ordenar la suspensión de la difusión” de aquellos contenidos que se hallen bajo la influencia o control de un Estado extranjeroy que “puede atentar contra los intereses fundamentales de la nación o participe en un intento de desestabilización de sus instituciones, notablemente mediante la difusión de noticias falsas”.

Harlem Desir, representante para la libertad de medios de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), alertó de la posible “desproporcionalidad” de las leyes, pudiendo provocar que los operadores acaben “suprimiendo un contenido más amplio de lo que probablemente un juez habría considerado ilegal”. Divina Frau-Meigs, miembro del comité de expertos de la Comisión Europea, también advirtió del peligro de que países “liberticidas” utilicen estas iniciativas de países democráticos para justificar leyes más restrictivas.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, ha mostrado su intención de proponer “una discusión sin tabúes sobre este desafío y sobre las soluciones que requiere” durante la próxima cumbre del G7 que se celebrará en Canadá durante el mes de junio. Le Drian pretende “acordar un cierto número de principios a respetar y de normas a promover, sobre todo en materia de transparencia de publicidad política y de refuerzo de los medios y la sociedad civil para detectar manipulaciones”.

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