Tras una audiencia de 12 horas, Iván Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, estimó que por ahora existen los datos de prueba mínimos para procesarla por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Debido a que el primero de los delitos tiene contemplada la prisión preventiva oficiosa, la pareja del presunto capo Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” continuará su procedimiento judicial en el Penal Federal Femenil de Morelos.

La audiencia de vinculación a proceso que ayer inició a las 13:14 horas, concluyó este sábado a las 01:10 horas. Fue a puerta cerrada para la prensa y parcialmente abierta para los familiares de la acusada, quienes tuvieron acceso al recinto judicial durante la última hora, cuando el juez argumentó y determinó la vinculación a proceso.

Una vez que culminó la audiencia, González Valencia ingirió algunos alimentos y poco después un helicóptero que estaba en el interior del Penal del Altiplano la trasladó a la prisión morelense.

Por este caso se libraron otras dos ordenes de aprehensión, una de ellas contra su hija Johana Oseguera González.

OFAC, el origen

De acuerdo con fuentes conocedoras del caso, la acusación contra la esposa de “El Mencho” señala que presumiblemente sería parte de una red de empresas y personas que entre el 2015 y 2016 lavaron mil 100 millones de pesos.

El punto de partida de la imputación es el anuncio del 17 de septiembre de 2015 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, que incluyó a esta mujer en su “lista negra” de lavadores de dinero, aunque no lo hizo como persona física sino a través de una persona moral.

En aquella ocasión, el organismo del Departamento del Tesoro designó como blanqueadora de activos ilícitos a JJGON S.P.R. de R.L. de C.V., una empresa agroindustrial de la que González Valencia era accionista en su origen.

Sus socios en la compañía eran Jessica Johana Oseguera González, hoy prófuga de la justicia, así como Hilda Yuridia Cabrera Valencia, María Isabel Valencia Torres y Mayra Marín Gutiérrez Ochoa.

Cada una de ellas, incluida Rosalinda, poseían un capital social de 9 mil pesos, por lo que en este rubro la empresa tenía 45 mil pesos de capital social desde que fue constituida ante un notario.

Esta habría sido la compañía mediante la que González Valencia se encuentra inserta en una red de 73 personas físicas y morales que “El Mencho” supuestamente utiliza para lavar activos.

Sin embargo, esta información llevó a la PGR y la Secretaria de Hacienda a revisar las cuentas de la esposa del capo como persona física y encontró que en 2016 tuvo una diferencia de 35 mil 42 pesos entre sus depósitos a una cuenta bancaria e ingresos acumulables.

Según los datos proporcionados, esta cuenta bancaria en Bancomer BBVA fue congelada poco después del anuncio de la OFAC y su saldo en aquel momento era de mil 472 pesos.

Empresa sin funcionar

La defensa de Rosalinda González Valencia respondió durante la audiencia que la empresa con que pretenden involucrarla en un esquema de lavado, en realidad nunca funcionó.

Conforme a la versión obtenida, sus abogados expusieron que JJGON no está debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad en Jalisco, razón por la que no tiene una chequera, tampoco registra depósitos ni actividades comerciales.

La conclusión de los litigantes fue que la pareja de “El Mencho” no podía participar en un esquema de lavado, porque no existían los indicios de movimientos bancarios desde la cuenta de JJGON.

En la investigación contra González Valencia también declaran al menos tres testigos protegidos de la PGR.

Al parecer, nada fue suficiente porque el juez de control determinó vincularla a proceso.

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